Segun FUNDAMIND: Sólo el 42 por ciento de las 1,4 millones de personas que viven con VIH en Centro y Sudamérica reciben tratamiento antirretroviral, y durante 2009 la cobertura sólo aumentó 6 por ciento, menos que el promedio mundial, 30 por ciento, advirtieron las Redes Latinoamericanas y del Caribe (Redeslac) y otras organizaciones de la región que trabajan sobre esta temática.
En un documento difundido en los últimos días, señalaron que en estos países no se están cumpliendo la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/Sida de 2001, la Declaración Política de 2006 en la ONU y el sexto objetivo de Desarrollo del Milenio, de acuerdo con los procesos de consulta regional desarrollados durante estos años.
En junio de 2001, jefes de Estado reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas acordaron una serie de objetivos nacionales y acciones mundiales para revertir la epidemia. A ese compromiso se sumó, el 2 de junio de 2006, una Declaración Política sobre el VIH/Sida, en una reunión de alto nivel.
En esa ocasión, los Estados miembros de la ONU asumieron “la necesidad apremiante de avanzar en forma significativa en la consecución del objetivo del acceso universal a programas amplios de prevención, tratamiento, atención y apoyo para 2010”.
Estos acuerdos suponían acompañar el cumplimiento del sexto de los Objetivo del Milenio, según el cual debía lograrse en 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH/Sida de todas las personas que lo necesiten, y tendrá que detenerse y comenzar a reducirse la propagación de la enfermedad en 2015.
Sin embargo, las redes latinoamericanas alertaron acerca de falta de transparencia en la toma de decisiones para el diseño, implementación, asignación de recursos, seguimiento y evaluación de políticas y programas para prevenir, atender y tratar el virus. En ese sentido, instaron a reconocerlo como un problema de salud, de derechos humanos y de desarrollo, además de combatir la estigmatización a los portadores.
Otro de los puntos que exigieron es la participación de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de las personas afectadas y en riesgo, en las decisiones sobre asignación de recursos, planificación de políticas y monitoreo de cumplimiento de metas y objetivos.
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